Discuten por el permiso que autoriza demolerlos. La Ciudad envió un proyecto de ley para catalogar 330 edificios. Sin embargo, la oposición reclama que se prorrogue la norma que cayó a fines de 2011 y que protegía preventivamente todos los inmuebles.
Entre
las edificaciones que se busca ahora cuidar están el Palacio
de Aguas Corrientes y la Escuela Normal N° 1 (ambos en Córdoba al 1900),
y los bares Margot y Miramar (en Boedo y San Ignacio, y en San Juan y
Sarandí, respectivamente). Por el lado de las casas antiguas, la mayoría
queda en La Boca, y entre ellos están “El Rincón de Lucía”, (Del Valle
Iberlucea 1162) y el Café-Bar de los Artistas (Garibaldi 1428).
La polémica por la demolición de las edificaciones con valor histórico se disparó en los últimos años por el boom de la construcción. Para evitar la pérdida patrimonial, a fines de 2007 la Legislatura sancionó la ley N° 2.548, que creaba un sistema de protección especial. Todos los propietarios de edificaciones anteriores a 1941 que querían hacer una demolición o reforma debían solicitar el permiso al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP).
Si este organismo conformado por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y entidades del rubro (como la Facultad de Arquitectura de la UBA) decidía que la construcción tenía valor patrimonial, el Ejecutivo debía protegerla preventivamente y enviar un proyecto a la Legislatura para que ese resguardo quedara firme. La queja de los desarrolladores era que la decisión se tomaba tras realizar la inversión.
María América González, legisladora de Buenos Aires para Todos e integrante de la comisión de Planeamiento Urbano, aseguró: “Es necesario prorrogar la ley que protege a todos los edificios, y que directamente todas las construcciones que tengan más de determinada antigüedad automáticamente sean enviadas al CAAP, para no tener que renovar la ley cada dos años”. En las asociaciones proteccionistas el reclamo es similar. Santiago Pusso, de Basta de Demoler (una de las ONG que promovió el amparo), afirmó: “La Justicia tuvo que intervenir en un tema que es del Ejecutivo y la Legislatura, para evitar una avalancha de demoliciones. No hay que hacer parches sino buscar una solución de fondo, como un catálogo definitivo de las construcciones a resguardar”.
(Nota: Clarin - 25/04/12)
La polémica por la demolición de las edificaciones con valor histórico se disparó en los últimos años por el boom de la construcción. Para evitar la pérdida patrimonial, a fines de 2007 la Legislatura sancionó la ley N° 2.548, que creaba un sistema de protección especial. Todos los propietarios de edificaciones anteriores a 1941 que querían hacer una demolición o reforma debían solicitar el permiso al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP).
Si este organismo conformado por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y entidades del rubro (como la Facultad de Arquitectura de la UBA) decidía que la construcción tenía valor patrimonial, el Ejecutivo debía protegerla preventivamente y enviar un proyecto a la Legislatura para que ese resguardo quedara firme. La queja de los desarrolladores era que la decisión se tomaba tras realizar la inversión.
María América González, legisladora de Buenos Aires para Todos e integrante de la comisión de Planeamiento Urbano, aseguró: “Es necesario prorrogar la ley que protege a todos los edificios, y que directamente todas las construcciones que tengan más de determinada antigüedad automáticamente sean enviadas al CAAP, para no tener que renovar la ley cada dos años”. En las asociaciones proteccionistas el reclamo es similar. Santiago Pusso, de Basta de Demoler (una de las ONG que promovió el amparo), afirmó: “La Justicia tuvo que intervenir en un tema que es del Ejecutivo y la Legislatura, para evitar una avalancha de demoliciones. No hay que hacer parches sino buscar una solución de fondo, como un catálogo definitivo de las construcciones a resguardar”.
(Nota: Clarin - 25/04/12)
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